OPORTUNIDAD PARA INTERPONER EL RECURSO DE CASACION CON BASE EN LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Los términos para interponer el recurso de casación por hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia la ley 1395 de 2010 son los señalados en el artículo 183 de la ley 906 de 2004 y no los que establece el artículo 98 de aquella normatividad, por el carácter irretroactivo de esta norma de carácter procesal con efectos sustanciales, sentenció la Sala Penal de la Corte en reciente sentencia.

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PRUEBA DOCUMENTAL Y EL TRASLADO DE PRUEBAS EN LA LEY 906

En sentencia mediante la cual  se revoca condena proferida contra un fiscal que ordenó, contrariando de manera manifiesta la ley pero sin dolo, el archivo de unas diligencias por acceso carnal con incapaz de resistir, La Sala Penal de la Corte realiza unas precisiones sobre la posibilidad otorgada a la Fiscalía para ordenar el archivo del expediente del que conozca en indagación preliminar, señalando las diferencias con otros mecanismos de terminación del proceso penal como es la preclusión, el principio de oportunidad o el desistimiento al referirse a los delitos querellables. En esta misma providencia la Corte reitera que la posibilidad de apreciar una prueba trasladada prevista en el artículo 239 de la ley 600 de 2000 es inexistente en el sistema de tendencia acusatoria de la ley 906 de 2004.

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DESCUBRIMIENTO PROBATORIO POR PARTE DE LA VICTIMA Y EL MINISTERIO PUBLICO

Mediante sentencia de diciembre pasado la Sala Penal de la Corte aborda temas como el descubrimiento por parte de la víctima y del Ministerio Publico para precisar, i) que en el proceso de la ley 906 de 2004 no hay acusador privador, ii) para ejercer su derecho de aportar pruebas la victima tiene la cargas de postularlas e introducirlas por intermedio de la Fiscalía para que en la instancia legal respectiva efectúe un descubrimiento completo y con la debida antelación, iii) a la defensa se le debe conceder un plazo razonable para que conozca todo lo descubierto en la audiencia preparatoria, respetándole el derecho a la “última palabra”, a la “ última intervención”, iv) solo está legitimado para impugnar la inadmisión o rechazo de un prueba quien la solicitó, v) no existe identidad de roles por eso no se puede equiparar la situación de la víctima con la del Ministerio Pùblico, vi) La postulación probatoria del Ministerio Público debe concretarse a los elementos descubiertos por las partes, pero finalmente no pedidos, siempre y cuando demuestre razonadamente que apuntan a tener una esencial influencia en los resultados del juicio, por lo que no puede reclamar el aporte de alguna prueba de su conocimiento privado ni esgrimir “cartas ocultas” en detrimento de alguna parte o beneficio de la otra y, vi) de conformidad con el numeral 1º del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 25 del C.P.P., es inadmisible que un perito pueda referirse a puntos de derecho, pues esa labor le corresponde al juez como operador de la norma jurídica.

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LA ABSOLUCION PRIMA ANTE LA PRESCRIPCION

La prescripción debe determinarse en relación con el delito con el que se condena, aunque se haya calificado inicialmente la conducta de otra forma, precisó recientemente la Sala Penal de la Corte, pues no puede dársele el carácter de inmutable al acto calificatorio del delito, cuya función en el proceso es funcional y no determinante para decidir el litigio, reiterando  que cuando existen decisiones absolutorias de primera y segunda instancia y se configura la prescripción, no debe disponer la cesación del procedimiento por esa causa, sino mantener la absolución.

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INTERVINIENTE INNECESARIO

“Interesada la sociedad, tanto en proteger la inocencia, como en buscar el castigo del delito, ¿será acertado emplear más precauciones y más medios para el ataque que para la defensa?”

Jeremías Bentham

La relación tríadica entre un fiscal que acusa, un defensor que defiende y un juez imparcial que decide, es la garantía orgánica más importante en el contexto de un modelo teórico de naturaleza adversarial.

Y la forma de garantizar la bilateralidad inherente a este estilo procesal, el reparto eficaz de la prueba, el derecho de defensa la confrontación entre dos hipótesis en pugna y la igualdad de armas es la distribución equilibrada de funciones entre dos partes antagónicas.

No obstante, en el ideario de juzgamiento implementado en la reforma del 2003, el constituyente autorizó la continuidad de una figura engendrada en vetustos estatutos mixto-inquisitivos, sin que inquietara su condición de actor extraño al sistema, que vino a sumarse no solo a las partes, sino a un nutrido repertorio de participantes: la víctima y su abogado, el tercero incidental y el tercero civilmente responsable.

Se trata del Ministerio Público (M.P.), sujeto procesal, esencial y activo en el ámbito de la decadente Ley 600 del 2000, en la que el fiscal es juez y parte, lo que explicaría las atribuciones otorgadas, entre ellas, ser garante de los derechos fundamentales del sindicado y demás involucrados en el trámite.

En el escenario de la Ley 906 del 2004, el M.P. se afirma como un órgano de control, autónomo e independiente, que adopta las siguientes categorías: representante de la sociedad, garante de los derechos humanos y fundamentales, organismo con funciones permanentes y especiales de policía judicial dentro de su competencia y titular de potestades disciplinarias.

Pese a esta multiplicidad de actividades, el M.P. está facultado para participar en el proceso adversarial cuando fuere necesario, tanto en la indagación, investigación y juzgamiento, como en la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales.

Jurisprudencia y doctrina insisten en que el M.P. no tiene calidad de parte y ante su indefinición e hibridez, optan por denominarlo “interviniente sui géneris” u “órgano propio”, de categoría “contingente”, “discreta”, “pasiva” y “objetiva”.

Empero, son numerosos los casos en los que agentes del M.P. se transforman, de intervinientes eventuales y pasivos, en genuinos combatientes, no siempre objetivos, ni deslindados de la acusación.

Suplantan a los litigantes, no hacen preguntas complementarias o aclaratorias, sino inquisitivos interrogatorios; desconocen la igualdad de armas; generan desequilibrios; toman partido en la disputa y cuando se les concede la palabra, simplemente responden: “Coadyuvo la petición de condena del Fiscal”.

Si el M.P. y la Fiscalía son, en el derecho comparado, la misma entidad –hasta la enmienda constitucional de 1991 los fiscales pertenecían a la Procuraduría–, la intervención simultánea de las dos instituciones en el proceso penal es insostenible.

“En un proceso adversarial, la presencia del Ministerio Público es azas problemática. En la práctica, empieza a comportar tropiezos e incluso a desnaturalizar la condición del proceso de partes”, admitió la Corte Suprema de Justicia.

Whanda Fernández León  

Tomado de www.ambitoJurìdico.com Legis

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EL HABEAS CORPUS ES IMPROCEDENTE DESPUES DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO

 Aunque después de impuesta la medida de aseguramiento el habeas corpus , por regla general, no es el mecanismo para conseguir la libertad, no es suficiente con que  se aduzca de forma simple y llana , como lo hizo un Magistrado del  Tribunal Superior de Cúcuta, que la mencionada acción constitucional es improcedente porque la persona se encuentra privada de la libertad por cuenta de una actuación procesal o que dentro del proceso existen recursos para debatir la situación tildada de lesiva del derecho a la libertad personal, pues en tal evento, sentenciò la Corte Suprema, resulta imprescindible que se examine a profundidad el caso concreto para determinar si se presenta una vía de hecho, como eventualmente puede presentarse, por ejemplo, cuando cumpliéndose las circunstancias fácticas y legales que hacen procedente la libertad se niega sin fundamento legal o razonable.

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CONCRECION DEL RIESGO NO PERMITIDO EN EL RESULTADO

La opinión dominante en la doctrina penal contemporánea, según reciente sentencia de la Sala Penal de la Corte, considera que la realización del tipo objetivo en el delito imprudente (o, mejor dicho, la infracción al deber de cuidado) se satisface con la teoría de la imputación objetiva, de acuerdo con la cual cuando un comportamiento ha creado un peligro para el objeto de la acción no abarcado por el riesgo permitido y a consecuencia de dicho peligro se realiza un concreto resultado lesivo, tal hecho le es jurídicamente atribuible al sujeto agente. En esta misma sentencia  la Corte señala, ademàs,  los criterios limitantes o correctivos para establecer cuando se concreta la creaciòn de un riesgo no permitido en el resultado tipico

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DIFERENCIAS ENTRE VICTIMA Y PERJUDICADO

Después de aclarar que la intervención del denunciante debe estar precedida de su reconocimiento como víctima por parte de las autoridades judiciales, la Sala Penal de la Corte precisó que tanto la víctima como el perjudicado deben acreditar un daño real y concreto derivado del delito y no solo un daño genérico o potencial o uno patrimonial para determinar, ahí sí, si están legitimados, por ejemplo, para impugnar decisiones.

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EL CAMBIO DE CALIFICACION NO INCIDE EN EL TERMINO DE PRESCRIPCION

Mediante reciente sentencia la Sala Penal de la Corte reitera el precedente de julio 26 de 2010, dentro del radicado 34359, y precisa que el término de prescripción en la etapa del juicio se cuenta desde la ejecutoria de la resolución de acusación, sin importar que en la fase del juicio la fiscalía modifique la calificación.

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