PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD Y PAPEL DINAMICO DE LA DEFENSA

Si  bien la carga de la prueba corresponde a la fiscalía, ello no significa que tenga la tarea de adelantar la totalidad de la actividad probatoria, es decir, de acopiar toda la prueba de cargo o de descargo, en contravía de la ley 600 en que el fiscal sí está obligado a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable, situación distinta es que, aclara la Corte, el fiscal tenga, de acuerdo con el principio de Lealtad Procesal, la obligación de descubrir, en la debida oportunidad, la totalidad de la prueba que hayan llegado a su conocimiento por razón de la actividad investigativa, sin que ello implique, aclara, que se le conmine a llevarlas dentro de su teoría del caso, ora hacerlas valer en el juicio.

Nuevo Comentario (0) Detalles

 INTERVENCIÓN EN POLíTICA

La Sala Penal, mediante sentencia del 3 de marzo de 2010, condena a un gobernador por el delito de que trata el artículo 422 del Código de Penas y para efectos de dosificar la pena hace un análisis detallado de la forma en que se deben cuantificar las unidades de  multa, de acuerdo a los ingresos del procesado y a la gravedad del delito.

Nuevo Comentario (0) Detalles

Emergencia social y derecho penal

Por: Yesid Reyes Alvarado

¿MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL ERA indispensable para conjurar la crisis del sector salud?

Esa es una de las preguntas que deberá responder la Corte Constitucional cuando se ocupe de analizar la exequibilidad de los decretos dictados al amparo de la emergencia social declarada por el Gobierno Nacional.

Porque aun cuando la mayoría de los colombianos no lo saben y muchos abogados lo ignoran, al amparo de ese estado de excepción se expidió el Decreto 126 del 21 de enero de 2010, a través del cual se crearon varias conductas delictivas. Como esta clase de normas sólo se justifican cuando sean la única, apremiante y extrema forma de solucionar los problemas que generaron la declaratoria de la emergencia social, deberíamos suponer que era absolutamente inaplazable la reforma al Código Penal. Sin embargo, una breve ojeada a esas nuevas disposiciones permite arribar a una conclusión diversa, por dos razones fundamentales:

La primera, porque comportamientos como la “omisión en la atención inicial de urgencias” o las muertes derivadas de esa clase de conductas, ya podían ser castigadas con base en las leyes existentes a través de figuras como la omisión de socorro y los homicidios imprudentes o con dolo eventual. La segunda, porque la pésima técnica legislativa utilizada para la modificación de delitos como la especulación, el agiotaje o la venta fraudulenta de medicamentos, conduce a que deba iniciarse todo un proceso penal por la venta de un solo medicamento a precios superiores a los fijados por autoridad competente, o por la comercialización de una sola medicina que haya sido suministrada como tratamiento por el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

No creo que se justifique congestionar aún más el sistema penal acusatorio atribuyendo a los pocos investigadores con que cuenta la Fiscalía el deber de perseguir esta clase de conductas. Sin embargo, aprovechando que por estos días hay funcionarios que intentan persuadirnos de la constitucionalidad de esos decretos, valdría la pena saber cuántas investigaciones penales se han iniciado con base en las nuevas normas y cuál ha sido la incidencia de esas actuaciones judiciales en la solución de la crisis que enfrenta el sector salud.

Quizá la modificación más útil de las que se acaban de hacer a la legislación penal tiene que ver con una nueva modalidad de peculado, que consiste en dar aplicación oficial diferente a recursos destinados a la salud. Para estrenar los nuevos decretos, la Fiscalía o el Procurador General de la Nación podrían indagar si encajaría en esa modalidad delictiva la actuación de un servidor público que en lugar de usar los recursos del Fosyga para cancelar servicios de salud los utiliza para hacer inversiones en títulos de deuda pública. O, para citar sólo otro ejemplo, valdría la pena que esos organismos de control se preguntaran si podría acomodarse a esta forma de peculado la conducta del funcionario que, con dineros destinados a la salud, contrata expertos para que le ayuden a redactar normas tendientes a cumplir con una orden impartida a través de un fallo de tutela por la Corte Constitucional. Las respuestas podrían ser sorprendentes.

• Yesid Reyes Alvarado

   

Nuevo Comentario (0) Detalles

EL COMISO, TERCEROS DE BUENA FE Y LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN LA LEY 906

Con fundamento en que el Principio de la Presunción de Inocencia no radica única y exclusivamente en cabeza del procesado, sino que se hace extensivo a la integridad de los intervinientes dentro de toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, la Corte casa parcialmente una sentencia y declara nulo el comiso del vehiculo utilizado por unos ladrones, porque si bien la ley 906 de 2004 no establece con claridad un procedimiento para que los terceros de buena fe puedan concurrir a hacer valer sus derechos, esto no significa que se les pueda violar el debido proceso, invertir la carga de la prueba o desconocer la presunción de inocencia que también lo cobija.

Nuevo Comentario (0) Detalles

SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD

La Corte Suprema de Justicia, señaló  que la pena accesoria de suspensión de la patria potestad debe tener por fundamento la relación entre los hechos constitutivos del delito y el ejercicio de las funciones de representación legal y de administración de los bienes de los hijos por parte del procesado, que puedan ponerlos en peligro y  reiteró que. además, es necesario precisar su viabilidad y pertinencia, teniendo en cuenta la naturaleza del delito, el grado de culpabilidad, las circunstancias de agravación y la personalidad del sentenciado, para determinar su aptitud para continuar ligado al ejercicio de los derechos familiares, en la medida que la formación integral y tranquilidad de sus hijos no se vea afectada

Nuevo Comentario (0) Detalles

ACCIÓN DE REVISIÓN Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

La corte, mediante decsión del 24 de  febrero de 2010, explicó que la facultad de acudir retroactivamente a la causal 4° se basa también en la preferencia que se da actualmente a las víctimas y  recordó que cuando se trata de lla revisión no son aplicables las normas sobre prescripción de la acción penal, pues aunque los hechos cuya revisión se solicita  ocurran con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma que regula la acción de revisión (Ley 906 del 2004, art. 192, num. 4), por estar estas conductas enmarcadas dentro de las presuntas violaciones al derecho internacional humanitario, pueden ser susceptibles de esta medida. Más aún si se tiene en cuenta que los hechos ocurrieron con posterioridad a la aprobación y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

Nuevo Comentario (0) Detalles

 EJERCICIO DEL CONTROL DE GARANTIAS

En principio, la función de control de garantías debe ser ejercida por un juez penal municipal del lugar donde se cometió el delito, pero con La modificación que introdujo la Ley 1142 del 2007, los jueces penales municipales del lugar donde se produjo la captura quedaron facultados también para ejercer dicha función porque, aclaró la Corte Suprema, cuando el juez penal actúa como juez de segunda instancia en relación con las decisiones adoptadas por los jueces de control de garantías realiza una tarea de control de legalidad en busca de efectivizar el principio de doble instancia

Nuevo Comentario (0) Detalles

NOTIFICACION DE LA APERTURA DE LA INVESTIGACION

La Corte Suprema de Justicia reiteró que se debe comunicar al imputado el inicio de la investigación previa, para garantizarle el ejercicio del derecho de defensa y aclaró  que la omisión de notificar esta providencia debe evaluarse en cada caso, pues puede ocurrir que se trate de una irregularidad que no tiene la entidad de invalidar la actuación o que la denuncia y los elementos probatorios no permiten establecer la identidad del imputado., es decir,  la falta de comunicación de la providencia que ordena la apertura de investigación no constituye anomalía sustancial

Nuevo Comentario (0) Detalles

DIFERENCIA ENTRE NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Sala Penal   aclara que los términos de ejecutoria de una decisión, como la sentencia de segunda instancia, empiezan a correr no con la comunicación que, de conformidad con el artículo 169 del C.P.P., se le hace al acusado privado de la libertad que no asistió a la diligencia, sino con la notificación que se le hace al Defensor en la audiencia en que se toma la decisión, precisó la Corte en auto por medio del cual rechazó por extemporanea una demanda de casación.

Nuevo Comentario (0) Detalles

CONCURSO EN LA PARTICIPACIÓN

Mediante sentencia del 23 de febrero de 2010 la Corte, reiterando su jurisprudencia de que los políticos involucrados con grupos armados al margen de la ley no solo responden por el delito de Concierto para Delinquir sino, además, de los delitos que estos grupos cometieren, condenó a la pena de 40 años de prisión al ex congresista ALVARO GARCIA como autor de concierto para delinquir, autor mediato de varios homicidios agravados, determinador de otro y del delito de peculado por apropiación. En esta misma sentencia , entre otras decisiones, se ordena compulsar copia para investigar penalmente a los defensores, principal y suplente, del condenado por el delito de corrupción de testigo.

Consulte igualmente la sentencia del 3 de febero de 2010 contra el ex congresista DIXON FERNEY TAPASCO por el delito de concierto para delinquir.

Consulte el auto de febrero 17 de 2010, con su respectivo salvamento de voto, por medio del cual la Sala Penal conceptúa desfavorablemente la extradición de alias  "DIEGO VECINO", pero la supedita, entre otras causales, a que el requerido en extradicion "resulte absuelto por los delitos que se le imputan" dentro del proceso de justicia y paz.

Nuevo Comentario (0) Detalles