Providencias de Interés Sala de Casación Penal (haz clic)

EXTRACTOS

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Lo que calla el ministro

Por: Cecilia Orozco Tascón

Cómo será de inmoral la mal llamada reforma a la justicia que el ministro Esguerra, responsable directo de la misma, le contestó con un olímpico “paso”, al editor político de El Espectador, Hugo García, cuando éste le preguntó si lo que se estaba cocinando en ese proyecto era un “intercambio de favores” entre el gobierno, los parlamentarios y las cortes

“Paso” es la ausencia de respuesta que puso de moda el expresidente Uribe para manifestarle su desprecio a cualquier periodista que lo cuestionara. Ahora volvemos a su estilo antidemocrático en labios, qué desconsuelo, de quien habíamos creído que era un jurista estricto. Con “paso”, Esguerra quiere significar que mejor calla lo que sabe que va a ocurrir.

Ante el alud de críticas que se le vino al esperpento que ordena arreglarles, a partir de la Carta Política, las bajas calificaciones de conducta a los parlamentarios y a los togados con el objeto de blindarlos de sanciones por sus desafueros, el presidente Santos reeditó su estrategia de unidad nacional y propició un conciliábulo con los interesados. Surtió el efecto deseado porque los convocados salieron agarraditos de la mano. El senador Benedetti resumió el resultado con claridad meridiana: “cada uno sacó su tajada”. Así fue: para los congresistas, doble instancia, incremento de tiempos procesales y engorrosas condiciones que harán casi imposible la resolución de las demandas disciplinarias, pérdida de investidura y denuncias penales que les pongan; para las cortes, antejuicio político, tal como lo leen, ¡político!, que impedirá que los magistrados venales sean juzgados por la Corte Suprema; aumento de su edad de retiro y del periodo de elección. Y para el gobierno, el control de la rama Judicial –el de la rama Legislativa ya está listo–, mediante el manejo de los dineros que conforman su presupuesto, amén del sometimiento agradecido del Capitolio y el Palacio de Justicia a sus designios.

La manguala fue evidente en las fotos: en el centro, el ministro entregando declaraciones –y callando–, y detrás, entremezclados como hermanitos, el parlamento y los altos tribunales. Entre tanto, y mientras se desarrollan los tres debates que faltan para que este concierto de intereses espurios sean un hecho, los congresistas y magistrados se acoyundan gustosos. Los que serían juzgados, entregándoles el regalo de sus vidas, a sus jueces. Y estos, dejándose comprar.

No es un secreto en los pasillos donde se decidirá la reforma, que los ponentes del acto se reúnen reservadamente con togados que pretenden perpetuarse en sus cargos. Y que producto de la componenda, circula una proposición en las dos cámaras con la firma de cerca de 15 congresistas que apoyan la iniciativa de prolongar el periodo de 8 a 12 años y la edad de retiro de 65 a 70 años, no para los futuros miembros de las cortes sino para los actuales ¿Esta es la propina mayor? ¿Estaríamos frente a un cohecho masivo? Preguntémosle al ministro, que pone cara de inocente cuando señala que “así funcionan las cosas”. Al senador Enríquez Maya o al senador García, tan activos ellos. A los magistrados de la Judicatura Claros y Lizcano. A los del Consejo de Estado como el mencionado Giraldo cuya carta de súplica para que le permitan quedarse en su puesto es una vergüenza nacional. O también a los de la Suprema, Ricaurte y Espinosa, que solicitan no reemplazarlos hasta cuando la reforma esté aprobada para poderse aprovechar de ella. Preguntemos si es verdad que la Casa de Nariño conoce que por lo menos 80 congresistas están listos a engrosar la lista de 15 o lo que toque con el fin de ser libres hagan lo que hagan, porque en el futuro todos podrán contestar “paso”. Nada les pasará.

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ACCION DE TUTELA DE LA FISCALIA CONTRA TRIBUNAL SUPERIOR

Por violación al debido proceso fiscal de la Unidad de Vida de Bogotá instaura, con fecha de abril 25 de 2012, acción de tutela contra providencia de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá en que, al resolver un recurso de apelación, decretó la nulidad, en el caso de LUIS COLMENARES, a partir de la audiencia de imputación formulada contra LAURA MORENO RAMIREZ por el delito de falso testimonio, en tanto estimò el accionante que los jueces de garantía y menos de conocimiento tienen competencia para hacer control material a los actos procesales de parte como la imputación y la acusación, pues se trata de un simple control formal propio de un sistema adversarial.

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BALANCE DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Boletín de actualización 2010-2011

Corporación Excelencia en la Justicia

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“...Pues bien ese compás de espera que se le dio al Sistema Penal Acusatorio, en nuestra opinión, se ha agotado. Máxime cuando lo que se percibe por parte del Estado es la falta de voluntad de emprender los correctivos necesarios para superar los problemas identificados. En contraste lo que se están impulsando son reformas que en la práctica suponen un desmonte parcial del sistema. Sabemos de los grandes esfuerzos realizados por jueces, fiscales, investigadores y defensores para sacar adelante el SPA y somos conscientes de los muchos beneficios que éste ha tenido para la justicia colombiana;  Sin embargo en este boletín quisimos hacer énfasis en aquellos aspectos del diagnóstico que se han agravado en los últimos años; y en otros que han aparecido por causa de la legislación y de algunas malas prácticas que se han gestado entre los operadores.

Respecto de los cambios normativos, llama la atención el hecho de que el sistema actual no es el mismo que empezó a implementarse en el 2005, sino que ha sido modificado de forma fragmentada a través de las leyes 1142, 1098,1121, 1312,1395, 1453 y 1474. Varios aspectos de estas reformas han sido considerados perjudiciales para el sistema por los mismos operadores del SPS; quienes pese a tener la difícil carga de sacar adelanta la reforma, pocas veces son oídos al momento de impulsar este tipo de ajustes.

Ahora bien, lo grave no es la existencia de estas reformas, sino el hecho de que éstas incluyeron restricciones a las formas de terminación anticipada del proceso y recortes de garantías; con lo cual se afectaron las herramientas con las que cuenta el SPA para cumplir con su objetivo de eficiencia y se puso en juego uno de los pilares fundamentales que justificó su adopción.

En lo que respecta a las malas prácticas, destacamos el abuso de las suspensiones y aplazamientos de las audiencias y la lectura de intervenciones en las mismas, la elaboración de programas metodológicos  “a formato” que no están orientados a la resolución del caso en concreto y a la flexibilización de la prevalencia de la libertad como principio rector del sistema.

La suma de estas tendencias de la agenda legislativa y la práctica judicial explican varios de los indicadores señalados en el informe, que pone en alerta roja al sistema judicial penal: Casi un millón y medio de noticias criminales acumuladas en la Fiscalía en 2010, un hacinamiento carcelario del 33 % y cerca de un 50% de ciudadanos que cree que la probabilidad de que un delincuente sea capturado es baja o muy baja.

Siguiendo por esta vía, lo que quedará de esta ambiciosa reforma procesal será un sistema ineficiente y débil de garantías (como era el sistema de tendencia inquisitiva, así muchos lo hayan olvidado); que durará hasta que una nueva administración decida regresar el péndulo de la política penal a favor de la garantía de los ciudadanos”

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ALZAMIENTO DE BIENES

Para que se consume el delito de alzamiento de bienes no se requiere que la acreencia esté consignada en un documento que preste mérito ejecutivo, ni siquiera en un fallo de la justicia , sino que basta que sea identificable la fuente de la obligación, como un contrato laboral y se identifiquen las obligaciones incumplidas por parte del empleador, sentenció la Sala Penal de la Corte en enero pasado, con base en lo cual  el alto tribunal condenó a un empresario que se insolventó ficticiamente, con el fin de evitar el pago de unas acreencias laborales que le exigía un empleado en un proceso laboral ordinario.

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INTERVENCION DEL JUEZ EN LA ACUSACION Y EN LA PRACTICA DE PRUEBAS

Después de aceptar que el demandante en el recurso de casación puede, a su vez, actuar como no recurrente, la Sala Penal de la Corte al resolver el recurso extraordinario presentado por el Maestro NODIER AGUDELO B. , en el caso del industrial SAMUEL VIÑAS por el asesinato a su esposa en Barranquilla, casó, mediante sentencia de abril 18 de 2012,  la proferida por el Tribunal para imputar homicidio agravado e hizo  precisiones respecto de los siguientes temas:

1.     La ira y el intenso dolor en el caso de los celos

2.     La inimputabilidad por trastorno mental transitorio

3.     Deducción de las circunstancias de agravación.

4.     La indebida intervención del juez en la practica de una prueba no se soluciona decretando la nulidad de la actuación sino excluyendo la prueba.

5.     Los anteriores yerros no se atacan por la causal 2ª de casación sino por la 3ª. Por falso juicio de legalidad.

6.     La intervención del juez en la acusación y la practica de pruebas

7.     La intervención de que trata el artículo 339 del C.P.P. es para las partes e  intervinientes no para el juez  a quien, por tanto, le está vedado hacer observaciones al escrito de acusación y pedir a la Fiscalía que lo aclare, adicione o corrija.

8.     si el conocimiento del juez está plagado de incertidumbre, tal estado no puede ser dilucidado por el mismo juzgador, pues hacerlo comporta que esté despojando de un derecho al sindicado, porque si la parte, que es a la que corresponde la carga de lograr que la convicción del juez esté libre de vacíos no lleva a sus pruebas a despejar la vacilación, indefectiblemente el servidor judicial debe estarse al mandato legal y constitucional para favorecer al acusado por esa duda. . Por tanto, cualquier intervención del juez, tendiente a dilucidar dudas va en detrimento de la parte defendida.

9.      “Bastante tiempo ha transcurrido, muchos han sido los recursos invertidos en la preparación de los funcionarios, como para que al cabo de más de un lustro de vigencia de la Ley 906 del 2004, el juez haya olvidado el rol que le corresponde cumplir en ese sistema.”, concluye la Corte

 

 

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RESPONSABILIDAD MEDICA POSOPERATORIA

Debido a que durante el lapso posterior a las intervenciones quirúrgicas también se puede infringir el deber objetivo de cuidado, al igual que incrementarse el riesgo jurídicamente permitido, por parte del personal de la salud, la responsabilidad penal de los médicos cirujanos no comprende solamente los daños ocurridos durante la fase operatoria, sino también las lesiones producidas durante el periodo posoperatorio, precisó la Sala Penal de la Corte mediante sentencia de abril 11 de 2012 donde también recordó todas las posturas dogmáticas en relación con los delitos de comisión por omisión

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